El proyecto de ley que busca salvar la crisis financiera que confronta la Caja de Seguro Social (CSS) y cuyo contenido fue el resultado de la Mesa del Diálogo, lo presentó ayer ante el pleno de la Asamblea Nacional el ministro de Salud, Camilo Alleyne. El documento final consta de 245 artículos, 57 más que la Ley 17 que contenía 188.
Durante la exposición de motivos, Alleyne destacó que esta nueva ley brinda un nuevo modelo de seguridad social, mantiene el subsistema exclusivamente de reparto actualmente vigente con sus necesarias modificaciones, introduce un subsistema mixto con un componente de reparto con prestaciones definidas y una cuenta de ahorro personal; conserva la solidaridad y el carácter público de la CSS.
El titular de Salud destacó que el asegurado tiene derecho a un incremento de 1.25% por cada 12 meses de cotización adicionales a las cuotas de referencia vigentes. Dispone asimismo, que después de cumplir las mujeres los 57 años de edad y los hombres 62, y en caso de que opten por seguir laborando, el asegurado tiene derecho a un incremento del 2% por cada 12 cuotas adicionales que acumule, siempre y cuando cumpla con las cuotas exigidas.
Agregó que los independientes no formales y aquellos que declaran ingresos inferiores a B/.9,600 anuales (B/.800 mensuales), mantienen su actual situación.
Recordó que el Estado se compromete a aportar desde el 2007 hasta el 2060 la suma de B/.7,245 millones. Aportes que serán administrados por un Fideicomiso cuyo fiduciario será el Banco Nacional de Panamá.
“Se incrementó el tope de las jubilaciones de B/.1,500 a B/.2,500, siempre y cuando se cumpla con las cláusulas específicas establecidas en la norma”, añadió.
Precisó que el director siempre resulta seleccionado mediante concurso. Se establecen auditorías externas de los estados financieros. El director debe presentar los estados financieros a la Junta Directiva y además a la Asamblea Nacional.
El director y los integrantes de la Junta Directiva deben presentar una declaración jurada notariada respecto a la inexistencia de conflicto de intereses y deben abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de las funciones asignadas o cualquier otra circunstancia que comprometa su voluntad.