La República, cuyo 102 aniversario celebramos en estos días, se instituyó para organizar la protección de nuestros derechos fundamentales. Con esa finalidad se estableció un Contrato Social entre gobernantes y gobernados recogido en un texto llamado Constitución Política.
Recordábamos ayer, que en dicho Contrato Social se estableció que las autoridades están constituidas para proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos y de los extranjeros que están bajo nuestra jurisdicción. Nuestra norma fundamental también establece cómo se financian los gastos de esa República, y es a través de impuestos y contribuciones cuya recaudación debe enmarcarse en las normas constitucionales y legales, así como la forma en que estos recursos que aportamos los ciudadanos deben utilizarse, y es a través de un Presupuesto General del Estado que debe recoger todos los ingresos y los egresos de la actividad estatal. Es lamentable que con el tiempo se hayan trastocado los principios y valores republicanos. El servidor público de hoy no comprende que su cargo es para servir y no para ser servido, ni para servirse. El Gobierno no comprende que cada balboa que recauda es una cesión que hace el ciudadano a cambio de servicios públicos y no un derecho de confiscación sobre el patrimonio de los particulares que tienen los gobernantes. Lo más trágico es que el panameño acepta pasivamente todo esto porque ha olvidado que es un ciudadano con derechos y no un mero súbdito de la gracia del gobierno.
Con ese trastocamiento del que hablamos surgen aberraciones como los “fondos de autogestión”, en virtud de los cuales los servidores públicos cobran un gravamen por prestar un servicio para el cual están obligados y por el cual ya son remunerados con nuestros impuestos. Claro que surgen las excusas y justificaciones, que si están mal pagados o mal dotados, que si es fuera de horas, etc. Ante esta decadente realidad cabe preguntarse, ¿qué pasa si frente a un policía del alquiler se comete un asalto? ¿Dejará el policía de alquiler su chambita para ir a socorrer al ciudadano asaltado? Si lo hace ¿será premiado o reprendido por el superior que le consiguió la chambita? Por analogía, ¿podrán los ciudadanos contratar directamente jueces para que vean sus casos “fuera de horas laborables”? ¿Sería aceptable que algunos interesados contrataran una mayoría suficiente de diputados para que le hagan unas cuantas leyes a su medida? ¿O tal vez contratar a algún ministro para que le resuelva algunos problemas que en las horas laborables no se han podido atender? ¿A dónde irá la República con esta nefasta práctica? En este mes de la Patria los panameños y las panameñas que la amamos debemos rescatarla de quienes la quieren convertir en una república al mejor postor.