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1. Un sector
público eficiente y eficaz
En primer lugar, para
el cumplimiento de los programas de Gobierno es importante que
el conjunto del sector público observe un comportamiento
disciplinado que habrá de traducirse en una contención
del déficit público que para el año en curso
deberá eliminarse. En los años siguientes el sector
público debería aumentar paulatinamente sus márgenes
de ahorro y cambiar a positivo el signo del saldo presupuestario,
consolidando así los fundamentos del plan financiero del
Gobierno tendiente a optimizar los recursos del Fondo Fiduciario
para el Desarrollo, a reducir el monto de la deuda externa y
a lograr la mejor calificación para los empréstitos
panameños, todo lo cual ha de reportar menores costos
de financiación tanto para el sector público como
para el sector privado de nuestra economía.
A tal fin, el programa de gobierno
pretende avanzar en una doble dirección. De una parte,
llevando a cabo una importante simplificación del sistema
tributario; de otra, procediendo a introducir diversas reformas
en la administración tributaria para hacerla más
capaz y relativamente menos costosa.
Si bien la estabilidad normativa
constituye un activo social valioso especialmente cuando se trata
de una materia tan sensible como la tributaria, no es menos cierto
que con el transcurso del tiempo suelen acumularse con frecuencia
un conjunto de figuras y normas que acaban perdiendo su justificación
y funcionalidad. Normas que hacen más difícil la
gestión de los tributos y que aumentan los costos de cumplimiento
para los contribuyentes. Este proceso de acumulación,
común a todos los sistemas tributarios, ha alcanzado en
nuestro caso niveles insoportables. Todos los expertos coinciden
en la innecesaria complejidad y dispersión de nuestro
sistema tributario. El Código vigente comenzó a
regir en 1956, hace pues casi medio siglo, y ha acumulado un
enorme número de tributos que resultan hoy de difícil
justificación y que generan más molestias que ingresos.
En consecuencia, una primera medida de las que se proponen consiste
en simplificar nuestro cuadro tributario reconduciendo a su lugar
adecuado aquellos tributos que tengan sentido o, simplemente,
eliminando aquellos otros que carecen hoy de justificación.
Se trata, pues, de acortar la nómina de nuestros tributos,
dejando exclusivamente aquellos que precisa un sistema tributario
moderno.
La otra cuestión que
resulta imprescindible abordar para lograr un comportamiento
eficaz de nuestras finanzas públicas es la reforma de
la administración tributaria. Es importante disponer de
una administración tributaria que tenga el tamaño
estrictamente necesario, con personal competente y con una estructura
de procesos bien diseñados, lo cual le permita aprovechar
adecuadamente los avances tecnológicos, capaz de minimizar
los costos de gestión y cumplimiento.
La conjunción de un
sistema tributario sencillo, con pocos impuestos, y una administración
eficaz, constituyen dos piezas básicas para responder
adecuadamente a las nuevas y más exigentes tareas del
sistema de ingresos tributarios en las finanzas públicas
panameñas.
2. Un sistema
tributario más neutral
En segundo lugar, el
Plan de Desarrollo Económico, Social y Financiero, al
plantear la política económica que defiende, aboga
por un sistema tributario que no sea causa de distorsiones, ni
introduzca limitaciones a la competencia. Defiende, pues, la
necesidad de un sistema tributario no discriminatorio de forma
que la variable fiscal no sea, en ningún caso, un factor
relevante para la toma de decisiones empresariales. Un sistema
fiscal de bases amplias y tasas moderadas, como requiere una
economía abierta como la panameña.
No obstante, neutralizar como
es deseable el sistema tributario de nuestro país, no
es una tarea que pueda acometerse de una sola vez. Existen muchas
piezas a revisar para conseguir un sistema auténticamente
compatible con mercados abiertos y por ello en este proyecto
se contemplan solamente algunas de tales piezas, aunque, sin
duda importantes.
Neutralizar la tributación
situándola al margen de las decisiones empresariales y,
en general, de las decisiones de ahorro-inversión, constituye
un empeño coherente con el programa económico del
Gobierno.
3. Unos
impuestos más justos
En tercer lugar, el
sistema tributario ha de contribuir a reducir los niveles de
pobreza tal como se propone hacer la política social del
Gobierno y en tal dirección se encaminan varias de las
medidas propuestas cuyos efectos, como es fácil apreciar,
afectan positivamente al patrón distributivo de la carga
tributaria entre los ciudadanos y, especialmente, la propuesta
de dejar exentos del impuesto a los trabajadores con menores
ingresos.
4. Un Estado
más próximo a los ciudadanos
Finalmente, el programa
de Gobierno, en varias ocasiones y con especial insistencia en
su área de política social, señala que se
impulsará la descentralización del Estado con objeto
de "lograr una creciente participación de la sociedad
y las comunidades en la definición, priorización
y gestión de los programas sociales".
Aunque no cabe duda de que
un proceso de descentralización como el pretendido tiene
diversos aspectos, su dimensión financiera -que es la
considerada en este documento- es de gran importancia, pues un
proceso de descentralización supone tener que redefinir
la distribución de competencias entre el gobierno central
y los gobiernos locales y paralelamente configurar los mecanismos
de financiación de los nuevos quehaceres de los gobiernos
locales y la nueva dimensión redistributiva del gobierno
central. Adicionalmente, un proceso de descentralización
hace aconsejable, igualmente, reforzar los cauces de colaboración
entre los distintos gobiernos locales.
La política social del
programa de Gobierno aboga, entre otras cosas, por un replanteamiento
funcional del gasto público para acentuar aquellos componentes
que tienen un carácter compensatorio de los niveles de
renta; pero también aconseja, como se señala en
el propio programa, replantear la distribución territorial
del gasto público, pues no cabe olvidar que las áreas
de mayor pobreza son las áreas rurales y que, por tanto,
garantizar una oferta mínima de servicios sociales básicos
-educación y salud- en cualquier parte del territorio
constituiría una aportación fundamental para paliar
tales situaciones de pobreza. En este sentido, un proceso de
descentralización, como el propuesto por el Gobierno,
jugaría un papel activo no sólo como factor que
pueda mejorar la eficiencia del gasto público al ajustarse
mejor a las preferencias de los distintos grupos de ciudadanos
sino, a la vez, como un poderoso factor redistributivo al servicio
de la política social del Gobierno. |
