Legisladores podrían despojarse de beneficios

Rubén Arosemena informó que ayer designó una comisión encabezada por el legislador Wigberto Quintero, la cual se encargará de elaborar una serie de proyectos de ley que servirán de base para la eliminación de estos privilegios.

Carlos Anel Cordero (ccordero@epasa.com)
El Panamá América
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Sobre la base de las recomendaciones hechas por la Comisión Presidencial Anticorrupción, la junta directiva de la Asamblea Legislativa designó ayer una comisión que se encargará de evaluar la posibilidad de eliminar una serie de privilegios que gozan los legisladores de la República.

Rubén Arosemena, presidente de la Asamblea Legislativa, informó que ayer designó una comisión encabezada por el legislador Wigberto Quintero, la cual se encargará de elaborar una serie de proyectos de ley que servirán de base para la eliminación de estos privilegios.

Explicó que para algunos casos se requieren cambios constitucionales, en otros, modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, que es ley de la República, y la modificación de otras normas vigentes.

Mencionó que entre los privilegios de los cuales podrían despojarse los legisladores, están las exoneraciones vehiculares, las franquicias telefónicas y los salarios de los suplentes.

Además, mencionó que ya hay algunas cosas como la publicación del manejo de los fondos asignados a esta institución, las contrataciones y las partidas circuitales que ya se están publicando en la página web de la Asamblea.

Dijo que ayer presentó un informe ante la junta directiva ampliada de la Asamblea, en el cual explicó el alcance de las recomendaciones hechas por la Comisión Presidencial Anticorrupción designada por el Ejecutivo.

Indicó que la Asamblea revisará todo lo referente a las recomendaciones hechas por la Comisión designada por el Ejecutivo, a fin de determinar cuáles pueden ser ejecutadas.

No obstante, destacó que como órgano del Estado son respetuosos de la norma constitucional, y por lo tanto, no pueden determinar qué deben hacer las demás dependencias del Estado con respecto a las recomendaciones hechas por la Comisión Anticorrupción.