Procuraduría adelanta nueva auditoría al CEMIS

Juan Manuel Díaz C. (jdiaz@epasa.com)
El Panamá América
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El Ministerio Público elabora una auditoría externa ejecutada por personal prestado por la Defensoría del Pueblo para analizar el manejo de las cuentas del Consorcio San Lorenzo por el supuesto pago de sobornos para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS).

Una fuente del Ministerio Público confirmó que la auditoría externa será confrontada con los trabajos de análisis realizados por el equipo de investigadores designado para establecer el recorrido del dinero que supuestamente fue pagado para aprobar el contrato ley que creó el CEMIS.

Por otro lado, las autoridades intentan verificar si existe alguna orden de detención en Guatemala contra Julio Ligorría, a quien se señala como el autor de un manual de operaciones en donde se promueven una serie de acciones para desviar la atención del escándalo CEMIS, entre las que se incluía la ejecución y movilizaciones populares a favor de este proyecto.

De acuerdo con las sumarias, Julio Ligorría, propietario de la empresa McMillan Comunicaciones, fue contactado por el empresario Mario Barletta para que ejecutara un manual para el manejo de crisis y reparar la imagen de los miembros del Consorcio San Lorenzo.

En su propia declaración Barletta aceptó haber recomendado la contratación de Julio Ligorría y que éste cobró la suma de B/.250,000 por un trabajo de consultoría que incluía un análisis estratégico, evaluación de información y escenario para el diseño de estrategias y un plan de comunicación para el CEMIS.

Barletta también aceptó que los cheques fueron hechos a nombre de la empresa Sela S.A., que es de su propiedad y que los entregó a Julio Ligorría. A la vez, en su declaración señala que fue el propio Stephen Jones quien le dio los cheques.

También explicó que se ejecutaron cuatro pagos, dos de B/.50,000 y otros dos pagos de B/.40,000 cada uno. A la vez admitió haber recibido un pago de B/.26,000 en efectivo por la conceptualización de la estrategia corporativa para campaña y comunicación social, entre el 15 y el 30 de noviembre del año pasado.

Por otro lado, dijo haber aceptado un pago de B/.75,000 como abono a una cuenta total de B/.115,000 para cancelar un contrato con un diario local, que debía ser pagado antes del 31 de diciembre del año pasado.