Por errores de procedimiento se archivaría pedido de Sossa

Carlos Anel Cordero / Juan Manuel Díaz C.
El Panamá América
...........................

Por errores en el procedimiento, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Legislativa podría ordenar el archivo de la solicitud de levantamiento de la inmunidad hecha por el procurador, José Antonio Sossa, mientras que el Arnulfista Jacobo Salas manifestó que al final en este caso "no se podrá condenar a nadie y todo quedará en nada".

Roberto Abrego, presidente de la Comisión de Credenciales, expresó que la solicitud que envió el Procurador debió establecer los cargos que se imputan a los legisladores y las razones por las cuales serían investigados, así como los méritos que existen para ordenar el levantamiento de la inmunidad.

Tal y como habían planteado los legisladores del oficialismo, Abrego afirmó que el Reglamento Interno, que es ley de la República, es claro y establece que los cargos que se le imputan al legislador deben ser establecidos al momento que la Procuraduría solicita el levantamiento de la inmunidad.

Indicó que en este caso la nota que remitió el procurador Sosa a la Asamblea es genérica y sólo establece la solicitud de que los legisladores se levanten la inmunidad, pero no especifica cargos.

Si se ordena el archivo de la solicitud de levantamiento de la inmunidad, el Ministerio Público, sólo podrá seguir las investigaciones con los 39 legisladores que voluntariamente han renunciado a este privilegio.

Hasta el momento el responsable financiero del Consorcio San Lorenzo, Stephen Jones, ha logrado sustentar el movimiento de B/.680,000 correspondientes a la puesta en operación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS), según reveló su abogado Jorge Hernán Rubio.

Rubio aseguró que del B/.1.3 millones investigado por el Ministerio Público ha logrado esclarecer la suma de B/.680,000 correspondientes a la operación CEMIS. Agregó que el Consorcio San Lorenzo utilizó B/.400,000 en efectivo para el pago de timbres fiscales, B/.200,000 para cancelar un préstamo a Harry Castro y pagar honorarios a sus empleados.

Aseguró que no existió nada anormal en la utilización de dinero en efectivo para el pago de estas deudas, debido a que el dólar es moneda de libre circulación en Panamá y ello no constituye delito según la ley.

Precisó que el pago de la planilla de las empresas de Martin Rodin aún se ejecuta en efectivo por una serie de problemas de carácter económico que a la fecha han sido explicados por su cliente en diferentes ocasiones.

Por otro lado estimó que el archivo del expediente por parte de la Asamblea Legislativa al no levantar la inmunidad de los legisladores, el expediente quedaría en un limbo jurídico, pero que en última instancia esto lo decidirá la Corte Suprema de Justicia.

En tanto la fiscal primera Anticorrupción, Cecilia López, no descartó la posibilidad de utilizar pruebas caligráficas para establecer la correspondencia de algunas firmas en algunos documentos obtenidos por el Ministerio Público en algunos allanamientos.

López explicó que se está trabajando un informe final sobre el manejo de las cuentas del Consorcio San Lorenzo y el movimiento de dinero de las empresas que conforman el CEMIS, pero que se deberá esperar a la conclusión de la indagatoria de Stephen Jones.

Se tiene previsto que Jones rinda declaración ante la Secretaría General de la Procuraduría por otros dos días. Hasta ahora ha declarado por cinco días consecutivos en los que ha respondido más de 150 preguntas, todas relacionadas con las cuentas bancarias del Consorcio San Lorenzo.