Procuraduría debe investigar al contralor

Juan Manuel Díaz C. (jdiaz@epasa.com)
El Panamá América
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Torrijos aseguró que se hace necesario establecer si las conversaciones sostenidas por Afú con altos miembros del Gobierno tienen alguna relación con la denuncia del presunto pago de B/.1.5 millones para la ratificación de ambos magistrados.

"La investigación hecha por el Ministerio Público demuestra la constante comunicación entre Afú y altos funcionarios del Gobierno, y que esta situación puede dar luces sobre las acusaciones hechas por el supuesto trato para que Afú diera su voto favorable durante el proceso de ratificación", detalló.

Planteó que sería necesario establecer por qué Afú en un solo mes habló por espacio de casi 40 horas con el contralor Alvin Weeden, y el Ministerio Público debería investigar esta situación para eliminar cualquier suspicacia.

Manifestó que esta situación refuerza la teoría de que las acusaciones hechas por Afú sobre el cobro de sobornos para la aprobación del CEMIS sólo se tratan de una cortina de humo para distraer la atención sobre la ratificación de los magistrados.

Estimó que el equipo de investigadores del Ministerio Público debe llamar a declarar a los funcionarios con quien Afú habló por teléfono en esos días, para que aclaren el tema de las largas conversaciones telefónicas sostenidas con el legislador.

En tanto, Stephen Jones, responsable financiero del Consorcio San Lorenzo, rendirá hoy declaración indagatoria ante el secretario general de la Procuraduría, José María Castillo.

Sobre Jones pesan señalamientos de haber autorizado fuertes movimientos de dinero de diversas empresas partes del consorcio. El Ministerio Público impuso un impedimento de salida del país contra Jones, pero éste ya se encontraba en el extranjero cuando éste fue emitido. No obstante, el empresario regresó para brindar sus declaraciones dentro de las sumarias adelantadas sobre el CEMIS.

En su declaración indagatoria, Martin Rodin aseguró que Jones era la persona responsable de los movimientos financieros de la empresa Negociaciones del Mundo, que giró una serie de cheques que fueron hechos efectivos a nombre de empleados de otras empresas ligadas al Consorcio San Lorenzo.