Según Blandón, el documento fue elaborado por un consultor guatemalteco de nombre Julio Ligorría, quien cobró B/.150 mil, que fueron pagados por el Consorcio San Lorenzo, en cuyas oficinas fue ubicado el informe en un allanamiento de la Procuraduría.
CEMIS tenía plan para desviar atención

Carlos Anel Cordero / Juan Manuel Díaz C.
El Panamá América
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El legislador José Blandón denunció ayer que en el expediente que adelanta el Ministerio Público hay un documento denominado "Manejo de Crisis", en el cual se recomienda que se monte una estrategia en contra del uso del Fondo Fiduciario, para desviar la atención de las acusaciones de corrupción contra legisladores.

Lo que se pretende es desviar la atención de la opinión pública y provocar que la ciudadanía y los medios de comunicación pierdan el interés que hasta el momento han mostrado en las investigaciones que se hacen por las denuncias de corrupción, sostuvo. Se pretende además generar una nueva crisis que concentre la atención de los medios de comunicación, dijo.

Blandón solicitó al Ministerio Público que investigue si el contenido de este informe, que tiene una extensión de 40 páginas, se ha puesto en práctica o se ha intentado ejecutar. En el caso que se haya puesto en práctica o se esté intentando hacerlo, esto se constituye en un "intento descarado" para manipular la opinión pública, señaló.

De acuerdo con el legislador Blandón, el documento no menciona el nombre ni apellido de ningún político, tampoco establece quién o quiénes debían ser las personas encargadas de ejecutarlo, pero lo que está claro es que el mismo fue pagado por el Consorcio San Lorenzo.

Dijo que este documento llegó a sus manos de manera anónima, sin embargo, ha constatado que está incluido en el expediente como un informe que fue ubicado en las oficinas del Consorcio.

Por otra parte, el abogado Jorge Hernán Rubio, representante del empresario Martin Rodin, reconoció que el manual fue ofrecido al Consorcio San Lorenzo, pero aseguró que el mismo no fue aceptado, "por múltiples razones". Sostuvo que el documento fue confeccionado por un experto en mejoramiento de imagen y superación de crisis, para mejorar la percepción que tiene la opinión pública del proyecto CEMIS por el escándalo de presunto soborno.

PROCURADORA TEME CIERRE DE INVESTIGACION
En tanto, la procuradora encargada de la Nación, Mercedes Araúz de Grimaldo, dijo ayer que tecnicismos procesales pueden detener la investigación sobre el supuesto pago de sobornos para la aprobación del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS).

Señaló que la renuencia de los legisladores en levantarse la inmunidad denota una falta de voluntad política en esta investigación y advirtió que el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa va más allá de los preceptos constitucionales y que la inmunidad no es para amparar a los legisladores frente a un delito común.

Sostuvo que los tecnicismos legales argumentados por algunos sectores de la Asamblea son viables, pero evidencian una falta de voluntad para esclarecer las denuncias presentadas sobre la aprobación del CEMIS.

Aseguró que de la "decisión de los legisladores depende la salud y la tranquilidad de las personas que los llevaron a sus puestos". Planteó que el Reglamento Interno de la Asamblea es lo que impide en la actualidad continuar con las investigaciones, debido a que la inmunidad exige solicitar permiso para investigar a los legisladores.

"La inmunidad de los legisladores es para evitar represalias políticas, pero no para darle impunidad frente a delitos comunes", detalló. A juicio de la funcionaria, extender más el tiempo de la investigación hace que los elementos probatorios se vayan debilitando y que ello sucederá al someterse al procedimiento exigido por la Asamblea.

Precisó que ayer sostuvo una reunión con el Comité Ciudadano Anticorrupción, al que le pidió su apoyo para que la investigación no se detenga. También pidió a los electores que votaron para la elección de los legisladores que pidan a los legisladores a que se levanten la inmunidad. Dijo que a los legisladores Carlos Afú y Mateo Castillero se les levantaron las medidas cautelares de país por cárcel que pesaban en su contra.