Escándalo y Corrupción

CEMIS

Empresas de Martin Rodin son investigadas desde 1997

Juan Manuel Díaz C. (jdiaz@epasa.com)
El Panamá América
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El empresario Martin Rodin acusó a su padre, Lew Rodin, de mantener vínculos con la presidenta Mireya Moscoso y el canciller José Miguel Alemán, y de manejarse a través de la intriga, la maldad, el tráfico de influencias, además de pretender ser un apéndice de quien gobierna. Asimismo, negó que haya entregado dinero a Martin Torrijos fuera de las aportaciones dadas durante la campaña presidencial de 1999.

Rodin, en una carta hecha pública ayer, señaló que su padre es el actor principal de las donaciones de sus empresas hacia los sectores políticos como apoyo a las campañas, no sólo presidenciales, sino de legisladores, representantes de corregimiento y alcaldes.

También señaló que fuera de las aportaciones dadas en su momento a Martín Torrijos durante la campaña de 1999, no ha entregado suma alguna a él ni a ningún otro sector, ni de gobierno ni de oposición, y que no puede responder por las donaciones realizadas por Lew y Peter Rodin.

Aseguró que todas las donaciones hechas por él a los políticos han sido dentro del marco de la legalidad. Además, aseguró que su padre y su hermano pretenden despojarlo de una empresa de la cual ellos no son parte.

En tanto, los movimientos financieros del empresario Martin Rodin desde el año 1997, han suscitado las suspicacias de las autoridades. Ese año la Policía Técnica Judicial (PTJ) recibió una petición por parte de las autoridades de Rusia y Perú para investigarlo por la presunta comisión de fraude en el proceso de importación y exportación de automóviles Lada, a través de la empresa Motores Internacionales.

De estas investigaciones se envió copia al Ministerio Público. Una de las investigaciones se inició luego de la petición de las autoridades peruanas de un informe sobre supuestas alteraciones en el número de chasis (VIN) de los vehículos Lada distribuidos en ese país y que correspondían al año 1995.

La petición estaba dirigida al empresario Martin Rodin y a la empresa Motores Internacionales (MOINSA). En la solicitud se incluía la ejecución de una serie de diligencias en las instalaciones de la empresa para determinar si las alteraciones se ejecutaban aquí.

Las pesquisas se gestionaron a través de una solicitud de la División de Estafas de Lima, Perú, en donde se formuló una denuncia por los delitos de estafa y falsedad genérica por la empresa Vehículos Internacionales S.A. (VEINSA), luego de verificar la venta de autos fabricados en 1992, pero que aparecían como si hubiesen sido fabricados en 1995.

A la denuncia se adjuntó una serie de reclamaciones aparecidas en la ciudad peruana de Arequipa, en donde se establecía que una gran cantidad de autos presentaba alteraciones en el número correspondiente al año de su fabricación.

La denuncia también señalaba que se adulteró el número de serie de fábrica de los vehículos y se consignó un dato falso en los documentos aduaneros, y que éstas irregularidades fueron ejecutadas en el puerto de embarque en Panamá.

Durante la investigación, unidades de la PTJ acudieron a la empresa MOINSA y se entrevistaron con diversas personas, entre las que se encontraba el técnico automotriz de origen nicaragüense José René Guadamuz, quien aceptó que allí se recibían algunos autos Lada con faltantes de piezas, tales como tapa de maleteros y carburadores, que le eran instaladas luego de un año o dos, cuando éstas eran recibidas.

También señaló que luego de haber sido completados los autos con partes faltantes y guardados desde hacía un año, se procedía a regrabar el número de VIN, con la letra correspondiente al año en que se compró el vehículo y luego eran puestos a la venta.

Aceptó que los Lada con el número de año alterado eran vendidos a la empresa VEINSA de Perú y que esto se ejecutaba de esa manera para que el vehículo concordara con el año en que se terminaba de completar.

A la vez indicó que los inspectores de VEINSA nunca se encontraban presentes cuando se ejecutaba la regrabación del décimo alfa numérico del VIN, pero que ellos se encontraban perfectamente enterados de este hecho.

DECLARACION DE MARTIN RODIN
En tanto en su declaración, Martin Rodin sostuvo que asumió la presidencia de MOINSA desde al año de 1988 y la distribución exclusiva de los autos Lada en Panamá y América Latina en el año de 1989.

Según Rodin, muchos de los autos mandados a Panamá no se encontraban completos y eran almacenados en los estacionamientos de la empresa en Coco Solo, Colón, para luego instalarles las piezas faltantes y después reexportarlos al Perú y a cualquier otro país.

Aseguró que los autos no eran fabricados con un orden establecido y es por ello que los chasis eran estampados correlativamente a la producción del mismo, sin tener en cuenta las fechas de fabricación del auto, para cumplir con los requisitos de la uniformalización de los números de identificación.

Sostuvo que para cumplir con la legislación peruana, luego de completar el ensamblaje de los autos aquí, se procedía a regrabar el número VIN para reflejar el año en que el auto fue terminado y que los vehículos no sufrían ningún cambio material que pudieran afectar su condición de auto nuevo ni su valor.

En su declaración planteó que todos los autos eran cero kilómetros al salir de la línea de producción para su enventual reexportación a cualquiera de los clientes de MOINSA en el extranjero.

Según Martin Rodin, VEINSA se comprometió a la compra de un mínimo de 1,500 autos entre los años 1995-1996, situación que incumplió y por ello sus abogados presentaron ante el Juzgado Sexto Civil un proceso de mayor cuantía contra la citada compañía, que fue entregado a la PTJ por el abogado Guillermo Cochez.

A raíz de ese supuesto incumplimiento de contrato, Martin Rodin solicitó el pago de B/.10 millones en concepto de daños y perjuicios en su demanda.

En agosto de 1999 el Ministerio Público solicitó a la PTJ un informe escrito sobre cualquier diligencia peticionada por organismos nacionales o internacionales con relación a Martin Rodin.

En respuesta a la solicitud formulada, se comunicó que se habían recibido peticiones de Moscú y Lima sobre las empresas Euro Lada Internacional, AO Enter, Motores Internacionales, S.A. y Vehículos Internacionales, S.A., y se remitió copia de las tramitaciones hechas.

UCRANIA Y ESLOVAQUIA PIDIERON INFORMES DE MOINSA
Interpol Panamá también solicitó información en 1999 al entonces director de Aduanas Carlos Icaza sobre si la empresa Euro Lada Internacional Inc. se dedicaba a la importación y exportación de bienes y la denominación de éstos. Esta investigación se originó a raíz de una solicitud de las autoridades de Ucrania por el presunto delito de fraude.

El escuadrón financiero de ese país pidió investigar a esta empresa, luego que su nombre apareciera relacionada con un grupo de personas que ejecutaba transacciones de altas sumas en efectivo o por transferencias bancarias desde el banco Slovak, alegando que este dinero provenía de la venta de autos Lada.

En el documento se indica que las pesquisas se iniciaron a raíz del movimiento de grandes cantidades de dinero y que en ocasiones el efectivo era movido en billetes de bajas denominaciones para ser remitidos a cuentas bancarias de compañías no identificadas, localizadas en zonas extranjeras con direcciones enlistadas sólo con P.O.Box.

La investigación era llevada por la Procuraduría General de Ucrania, por la presunta violación del artículo 8-1 del Código Criminal de Ucrania y en donde podían estar involucrados funcionarios estatales de ese país.

En tanto, la agencia de Interpol en Bratislavia también solicitó investigar a las empresas Motores Internacionales y Eurolada Internacional Inc. por el supuesto delito de lavado de dinero, tras la detección de un movimiento sospechoso de importación y reexportación de vehículos Lada por la vía marítima Rusia- Panamá-Rusia.


 

 





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